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Aprobar una reforma judicial sin diálogo, sin contemplar propuestas de otros sectores, sin dedicar tiempo a integrar un diagnóstico puntual sobre la situación del Poder Judicial y sin valorar la viabilidad e impacto de los cambios propuestos por la fuerza política mayoritaria en el país, nos deja en un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad económica.

Resumen

• La reforma judicial aprobada en México sin un proceso de diálogo y consenso genera incertidumbre y riesgo para la economía del país.
• La falta de certeza jurídica podría inhibir las inversiones extranjeras, especialmente en el sector de nearshoring, que se ha impulsado en los últimos años.
• La reforma podría afectar la confianza y relación con socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, especialmente en el marco del T-MEC.
• Funcionarios de Estados Unidos, como Anthony Blinken (secretario de Estado) y Ken Salazar (embajador de EU en México), han expresado su preocupación por la reforma y su impacto en la democracia y el estado de derecho.
• Diplomáticos canadienses, como Graeme C. Clark (embajador de Canadá en México), también han expresado la preocupación de los empresarios canadienses por la reforma.
• Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y calificadoras como Citi Bank han expresado su preocupación por la falta de certeza jurídica y el riesgo de una baja en la calificación crediticia de México.
• Organizaciones empresariales mexicanas como el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex han expresado su preocupación por la falta de diálogo y consenso en la reforma.
• La incertidumbre ya está teniendo un impacto negativo en la economía, con la cancelación de proyectos de inversión y la pérdida de empleos.
• Se necesitan acciones para mitigar el impacto de la reforma y recuperar la confianza de los inversionistas.

Conclusión

Es necesario retomar el diálogo y la colaboración entre el gobierno y los diferentes sectores de la sociedad para construir un futuro más estable y próspero para México. La participación de la presidenta de México en el CEO Dialogue en octubre es una señal positiva de que el nuevo gobierno busca establecer un diálogo con el sector empresarial.