El texto, escrito por Gabriel Mendoza Elvira, abogado consultor, aborda la polémica sobre la posibilidad de que el Poder Judicial y la Suprema Corte revisen la constitucionalidad de las reformas a la Constitución.
Resumen
Mendoza Elvira argumenta que la revisión judicial de las reformas constitucionales es posible, ya que la Constitución establece un procedimiento específico para su modificación, y su incumplimiento invalidaría las reformas.
Además, el bloque de constitucionalidad, que incluye instrumentos internacionales, debe ser respetado en cualquier reforma constitucional, lo que justifica la revisión judicial desde una perspectiva procedimental o de contenido.
El grupo político mayoritario en el Senado presentó una iniciativa de reforma constitucional que buscaba, entre otras cosas, prohibir la inaplicación de normas relativas a derechos humanos violatorias de instrumentos internacionales, así como la improcedencia del juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra de reformas a la Constitución.
Afortunadamente, se eliminó la prohibición de la inaplicación de normas violatorias de derechos humanos, pero la reforma sigue siendo preocupante por la falta de control judicial y la posibilidad de modificar la Constitución sin revisión.
Mendoza Elvira considera que la reforma refleja el carácter autoritario del grupo político mayoritario, que se niega al diálogo y a respetar el Estado de derecho.
La modificación de la Constitución al antojo de un grupo político es una señal negativa que evidencia el talante autoritario de las nuevas mayorías legislativas.
La Constitución es el instrumento que garantiza los derechos del pueblo mexicano y el control del poder. Modificarla a capricho para consolidar arbitrariedades destruye el Estado democrático de derecho.
Conclusión
El texto de Gabriel Mendoza Elvira expone una crítica contundente a la reforma constitucional propuesta, argumentando que la falta de control judicial y la posibilidad de modificar la Constitución sin revisión representan una amenaza al Estado de derecho y a la democracia en México.
