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El texto, escrito por Rafael Estrada Michel el 22 de octubre de 2024, analiza la reforma constitucional en materia judicial y sus implicaciones para el Estado de derecho en México. El autor argumenta que la reforma, impulsada por el presidente López Obrador, representa un retroceso en la transición democrática y un ataque a la independencia judicial.

Resumen

  • La reforma judicial, que se llevó a cabo sin un diálogo parlamentario adecuado, busca subordinar al Poder Judicial al poder ejecutivo.
  • La reforma viola principios fundamentales del Estado de derecho, como la independencia judicial y la división de poderes.
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  • La creación de un tribunal disciplinario con poderes excesivos amenaza la independencia judicial y la posibilidad de un recurso efectivo contra sus decisiones.
  • La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que busca la elección popular de jueces, se lleva a cabo durante el proceso electoral ya iniciado, lo cual está prohibido por la Constitución.
  • La reforma permite la destitución de jueces electos por el pueblo a través de un tribunal disciplinario, lo que socava la democracia y la soberanía popular.
  • La reforma abre la puerta a la manipulación de la elección de jueces por parte del oficialismo y el crimen organizado.

Conclusión

Rafael Estrada Michel considera que la reforma judicial es un grave ataque a la democracia y al Estado de derecho en México. El autor llama a la acción a la comunidad jurídica y a la sociedad civil para defender la independencia judicial y la vigencia de la Constitución.

Sección: Política

 Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑

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Un dato importante es la proporción de bajas entre los "Chapitos" y los "Mayitos", siendo de 2 a 1, lo que sugiere una mayor presión sobre el grupo con más pérdidas para reclutar nuevos miembros.

Más del 70 por ciento de los mexicanos ha sido víctima de al menos un intento de extorsión digital.

Un dato importante es que, a pesar de la reforma, los conductores seguirán pagando el 2.1% de ISR y el 8% de IVA, lo que consideran un trato inequitativo.