Este texto, escrito por Héctor De Mauleón el 22 de octubre de 2024, explora las complejas negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el Cártel de Sinaloa, que han llevado a la captura de varios de sus líderes, incluyendo a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, y Ismael El Mayo Zambada.
Resumen
El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, fue capturado en Culiacán el 22 de noviembre de 2023.
Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que llevara a su captura.
La captura de El Nini fue parte de un acuerdo entre Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y el FBI.
El Panu, otro operador de alto nivel del cártel, había transmitido la orden de que los miembros del cártel se mantuvieran alejados.
Joaquín Guzmán López le tendió una emboscada a El Mayo Zambada el 25 de julio y lo trasladó a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia de las autoridades.
Ovidio Guzmán, otro hijo de El Chapo, fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y se encuentra en un centro de detención.
Joaquín y Ovidio Guzmán están en negociaciones con el gobierno estadounidense para alcanzar un acuerdo de culpabilidad a cambio de una pena reducida.
Ovidio Guzmán fue liberado de la prisión metropolitana de Chicago y se encuentra bajo custodia de investigadores del sistema de testigos protegidos.
Joaquín Guzmán López también fue liberado el 16 de octubre y se encuentra bajo el resguardo del Servicio de Marshals de Estados Unidos.
Se especula que la entrega de El Mayo Zambada incluía un acuerdo para que Ovidio Guzmán obtuviera beneficios.
El Chapo Guzmán, quien purga una sentencia a cadena perpetua en la prisión de ADX de Colorado, ha pedido un nuevo juicio.
El Nini logró que su esposa fuera reubicada en Estados Unidos.
La fiscalía estadounidense analiza solicitar la pena de muerte para El Mayo Zambada.
Las autoridades de Estados Unidos cuentan con grabaciones, registros e intercepciones telefónicas que podrían implicar a funcionarios de alto nivel de los últimos tres gobiernos mexicanos.
Conclusión
El texto sugiere que el pacto de silencio entre narcotraficantes y el gobierno mexicano se ha roto, y que las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el Cártel de Sinaloa podrían tener consecuencias significativas para figuras y funcionarios de alto nivel en México. Se espera que las audiencias en enero en una corte federal de Chicago revelen más información sobre estos acuerdos y sus implicaciones.
