El texto de La Jornada del 19 de Octubre del 2024 analiza la polémica suscitada por la intención del Infonavit de crear una empresa constructora propia. La propuesta ha generado oposición por parte de diversos actores, incluyendo representantes patronales, sindicatos y entidades financieras.
Resumen
Claudia Esqueda Llanes, representante obrera ante el Infonavit, considera que la iniciativa es un retroceso y poco recomendable.
José Medina Mora Icaza, presidente de la Coparmex, coincide en que sería una regresión y aboga por aprovechar la competitividad del sector privado.
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, sostiene que la construcción de vivienda debe ser una actividad rentable que lleve a cabo la iniciativa privada.
Los detractores de la propuesta argumentan que defienden el lucrativo negocio de la construcción y el crédito hipotecario, así como el poder político y económico que deriva de controlar a los trabajadores.
Esqueda Llanes, subsecretaria de Relaciones de la CTM y militante priísta, teme perder agremiados ante mejores condiciones laborales en el sector público.
Los magnates de la construcción y los banqueros buscan conservar su monopolio sobre el desarrollo y la comercialización inmobiliaria.
Los argumentos en contra de la iniciativa del Infonavit son considerados inaceptables, ya que priorizan el lucro sobre el derecho humano a la vivienda.
El sector privado habitacional y de la construcción es disfuncional, con una oferta de vivienda que no satisface las necesidades de la población.
La evidencia demuestra que el modelo actual genera dramas humanos y catástrofes sociales, con 100 mil personas expulsadas de la CDMX cada año por la imposibilidad de pagar una vivienda.
El sector privado ha ignorado las necesidades de los trabajadores durante décadas, dedicándose al enriquecimiento propio.
El Estado tiene el deber de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, incluso si esto implica intervenir en el sector de la construcción.
Conclusión
El texto de La Jornada destaca la necesidad de que el Estado intervenga en el sector de la construcción para garantizar el derecho humano a la vivienda. La oposición de los actores privados se basa en la defensa de sus intereses económicos y políticos, sin considerar las necesidades de la población. La crisis de acceso a la vivienda es un problema social que requiere soluciones urgentes, y la iniciativa del Infonavit podría ser un paso en la dirección correcta.
