El texto de Sergio Sarmiento publicado en Reforma el 18 de octubre de 2024 analiza la sentencia de 38 años de prisión impuesta a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, por el juez Brian Cogan en Estados Unidos. El texto explora las implicaciones de la sentencia, las reacciones de diferentes figuras políticas y las preguntas que aún persisten sobre la corrupción en México.
Resumen
García Luna fue declarado legalmente responsable de recibir sobornos del narcotráfico por el sistema de justicia estadounidense.
El juez Cogan rechazó la cadena perpetua, argumentando que García Luna debería tener "cierta luz al final del túnel".
García Luna y sus abogados mantienen su inocencia, argumentando que no hay pruebas fehacientes en su contra, solo declaraciones de testigos protegidos.
El juez Cogan afirmó que García Luna llevó una "doble vida" y cuestionó su falta de remordimiento.
Muchos de los testigos contra García Luna también han acusado al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, y al expresidente Andrés Manuel López Obrador de colaborar con el narcotráfico.
La FGR (Fiscalía General de la República) se negó a presentar acusaciones contra Cienfuegos por falta de pruebas, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró la investigación contra López Obrador por razones políticas.
La presidenta Sheinbaum aprovechó la sentencia para atacar al expresidente Calderón, acusándolo de "cinismo" y de "degradación" durante su gobierno.
García Luna se mudó a Estados Unidos tras su gestión como secretario en 2012 y obtuvo un visado sin problemas, lo que sugiere que las autoridades estadounidenses no tenían acusaciones en su contra en ese momento.
Fernando Gómez-Mont, secretario de Gobernación con Calderón, cuestionó la confiabilidad de los testimonios de los criminales, ya que no se ha detenido a Cienfuegos ni a López Obrador.
Sheinbaum también criticó al Poder Judicial mexicano por no congelar las cuentas bancarias de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra.
Conclusión
La sentencia de 38 años de prisión contra García Luna confirma la verdad jurídica de su culpabilidad, pero deja abierta la pregunta sobre la confiabilidad de los testimonios de los criminales y la posible implicación de otros funcionarios mexicanos en el narcotráfico. La sentencia también pone de manifiesto la complejidad del sistema de justicia y las tensiones políticas que rodean el tema de la corrupción en México.
