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El texto de Eduardo R. Huchim, publicado el 17 de octubre de 2024, critica la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de validar la reelección de Alejandro Alito Moreno Cárdenas como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Resumen

• La reelección de Alito Moreno se produjo tras una reforma estatutaria del PRI que contravenía la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la cual prohíbe modificaciones a los documentos básicos partidarios durante un proceso electoral.
• El TEPJF, en un acuerdo de sala, reencauzó el caso a la INE y al órgano interno de justicia del PRI, pero suprimió el plazo que se fijaba al PRI para resolver las inconformidades.
• El INE declaró la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia de las modificaciones a los Estatutos del PRI, debido al incumplimiento del artículo 34 de la LGPP.
• El TEPJF, en una sesión atípica realizada por videoconferencia, validó las reformas estatutarias del PRI, asumiendo plenitud de jurisdicción y atropellando las atribuciones de la INE y los derechos de los militantes priistas.
• La decisión del TEPJF fue criticada por varios prominentes priistas, quienes consideran que la crisis del PRI es causada por Alito Moreno.
• La decisión del TEPJF se suma a una serie de decisiones que favorecen al PRI, como la aprobación de la prórroga del período de la dirigencia de Alito Moreno en 2023.
• Las magistradas Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón emitieron un voto particular conjunto, en el que criticaron la decisión de la mayoría y la falta de justificación sólida para interrumpir una línea jurisprudencial vigente desde hace 30 años.

Conclusión

El texto de Eduardo R. Huchim denuncia la falta de independencia y la parcialidad del TEPJF al validar la reelección de Alejandro Alito Moreno como presidente del PRI, a pesar de las claras violaciones a la ley y a los derechos de los militantes priistas. La decisión del TEPJF es un ejemplo de la influencia del poder político en el ámbito judicial y de la falta de transparencia y de rendición de cuentas en el sistema electoral mexicano.