Los derechos humanos frente al juicio de amparo

El siguiente texto, escrito por Gerardo Aranda Orozco, expresidente nacional de Coparmex, el 15 de Octubre del 2025, analiza la reciente reforma a la Ley de Amparo en México, destacando las preocupaciones sobre su impacto en los derechos ciudadanos y el Estado de derecho.

Un dato importante es que la reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en el Senado sin mayor análisis ni discusión.

📝 Puntos clave

• La reforma a la Ley de Amparo ha generado un debate intenso sobre sus efectos en los derechos ciudadanos.
• Especialistas, organizaciones de derechos humanos y la oposición política consideran que la reforma limita la defensa efectiva de los derechos fundamentales.

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• Se argumenta que la reforma debilita el juicio de amparo al limitar los efectos de las sentencias, restringir la suspensión de actos de autoridad y eliminar la posibilidad de amparos colectivos.
• La reforma podría permitir el congelamiento de cuentas y la cancelación de sellos digitales sin defensa inmediata, así como imponer sanciones fiscales sin control judicial, poniendo en riesgo la operación de miles de empresas.
• Se critica la aprobación de la retroactividad de la ley.
• Se enfatiza la importancia de fortalecer el Estado de derecho, la independencia judicial y las garantías que protegen a los mexicanos.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuáles son los aspectos negativos más preocupantes de la reforma a la Ley de Amparo según el autor?

La principal preocupación es el debilitamiento del juicio de amparo, la limitación de la defensa efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el riesgo de congelamiento de cuentas y cancelación de sellos digitales sin defensa, la imposición de sanciones fiscales sin control judicial y la aprobación de la retroactividad.

¿Qué aspectos positivos, si los hay, podrían derivarse de la reforma a la Ley de Amparo según el autor?

El autor no menciona aspectos positivos directos de la reforma. En cambio, enfatiza la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, la independencia judicial y las garantías que protegen a los mexicanos, lo que implica que la reforma, tal como está, no contribuye a estos objetivos.