Otro atropello de la conservadora Piña

El texto, escrito por Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, diputado del Congreso de la Ciudad de México, critica la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial.

Resumen

• Ocho de los once ministros de la SCJN, liderados por la presidenta Norma Piña, intentan frenar la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada y publicada constitucionalmente.
• La SCJN no tiene facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma que cumplió con el procedimiento establecido en la Constitución.

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• La SCJN se extralimita en sus facultades al intentar revisar el fondo de la reforma, lo que representa un ataque al Constituyente Permanente (Cámara de Diputados, Senado y congresos locales).
• La Corte está actuando de manera facciosa y pretende colocarse como un suprapoder por encima de los otros poderes de la Unión.
• La decisión de la SCJN va en contra del artículo 39 constitucional, que establece que la soberanía reside en el pueblo de México.
• La SCJN se opone al mandato popular y soberano del pueblo, que votó por una transformación profunda que incluye la depuración de la corrupción en el Poder Judicial.
• La SCJN ha otorgado amparos a magnates para que no paguen impuestos, lo que demuestra que la ministra Piña busca proteger los privilegios de la clase alta.
• La SCJN admitió los recursos del PRI y del PAN contra la reforma judicial, a pesar de que está prohibido por ley que los partidos políticos intervengan en la elección de jueces.
• El Consejo de la Judicatura Federal, que también preside Piña, decidió entregar al Senado las listas de los juzgadores que podrán participar en la elección del próximo 1 de junio de 2025.
• La reforma al Poder Judicial es inaplazable y la ministra Piña debe aceptar su nueva realidad.

Conclusión

El autor considera que la decisión de la SCJN es un acto de desesperación y un ataque al pueblo de México. La reforma al Poder Judicial es necesaria para combatir la corrupción y garantizar la justicia para todos. La ministra Piña debe aceptar la nueva realidad y dejar de oponerse a la voluntad del pueblo.