Primero los pobres, pero en la cárcel: la política de prisión preventiva en México

Este texto de Leslie Jimenez Urzúa, escrito el 3 de enero de 2025, analiza críticamente la expansión de la prisión preventiva oficiosa en México, argumentando que esta medida, lejos de mejorar la seguridad, exacerba la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.

El decreto del 31 de diciembre de 2024 amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, incluyendo conceptos ambiguos como la afectación al "libre desarrollo de la personalidad".

Resumen:

• La frase "Primero los pobres" se contradice con la práctica de ampliar la prisión preventiva oficiosa.
• La prisión preventiva oficiosa es ineficaz para reducir la delincuencia y afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.

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• El nuevo decreto incluye delitos relacionados con el fentanilo y otros narcóticos, así como conceptos ambiguos que permiten una aplicación arbitraria de la ley.
• La ambigüedad de conceptos como "libre desarrollo de la personalidad" permite la criminalización de manifestaciones culturales y abre la puerta a abusos.
• El decreto prohíbe a los jueces realizar interpretaciones legales, obligándolos a una aplicación literal de la ley.
• La medida afecta desproporcionadamente a mujeres, personas racializadas y personas en situación de pobreza, agravando la precariedad y la exclusión.
• Muchas personas en prisión preventiva son el sustento de sus hogares, y muchas han sido víctimas de tortura y carecen de defensa adecuada.
• La falta de recursos y capacitación en las fiscalías y policías perpetúa un sistema ineficiente y propicia la impunidad y la violencia estatal.

Conclusión:

• La expansión de la prisión preventiva oficiosa es una política contraproducente que profundiza la desigualdad y la injusticia en México.
• La ambigüedad legal y la falta de interpretación judicial abren la puerta a abusos y arbitrariedades.
• El sistema judicial mexicano se encuentra debilitado y carece de los recursos necesarios para afrontar la situación.
• El gobierno, a pesar de su discurso de priorizar a los sectores vulnerables, implementa políticas que los criminalizan y excluyen.
• Se necesita una reforma integral del sistema de justicia penal que priorice la justicia social y la protección de los derechos humanos.