Recuperar la soberanía alimentaria y el maíz

El texto de Mariana Otero del 27 de Enero del 2026 analiza la brecha entre los objetivos de soberanía alimentaria de México y la realidad de sus importaciones, especialmente de granos como el maíz.

México alcanzó un máximo histórico en importación de granos y oleaginosas para el cierre de 2025.

📝 Puntos clave

• El Programa Nacional de Soberanía Alimentaria, presentado en octubre de 2024 por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha logrado sus objetivos.
• México importó 47.9 millones de toneladas de granos y oleaginosas en 2025, un récord histórico.

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• Las importaciones de maíz blanco desde Estados Unidos aumentaron un 350%.
• Factores como la sequía, la baja capacidad de presas y una política de apoyos concentrada afectan la producción nacional.
• La dependencia de importaciones no es una estrategia de soberanía, sino una contingencia.
• La revisión del T-MEC en 2026 es una oportunidad para fijar reglas claras y fortalecer instrumentos internos.
• El consumidor final paga las consecuencias de las importaciones con precios más altos.

🤖 Análisis con IA

Dice IA en modo pesimista:

El texto subraya una preocupante desconexión entre las aspiraciones gubernamentales de soberanía alimentaria y la cruda realidad de las crecientes importaciones, evidenciando una política que, a pesar de sus intenciones, no está logrando integrar de manera efectiva a los productores medianos y comerciales. La falta de mecanismos para mitigar el riesgo comercial y la concentración de apoyos en pequeños predios dejan a una parte significativa del sector sin la certidumbre necesaria, perpetuando la dependencia externa y la vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios y decisiones unilaterales de otros países.

Dice IA en modo optimista:

El análisis resalta la oportunidad que representa la revisión del T-MEC en 2026 para establecer reglas más favorables para México en el sector de granos y fortalecer instrumentos clave como el crédito, las coberturas y la infraestructura. Además, se reconoce la virtud de inclusión de las políticas de precios de garantía y compras sociales, y se enfatiza que la soberanía alimentaria es un proceso constructivo que, con la coordinación interinstitucional adecuada y el apoyo a todos los eslabones de la cadena productiva, puede ser alcanzado.