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Este texto, escrito por Sandro García-Rojas Castillo el 21 de Enero de 2025, analiza las potenciales consecuencias de la designación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) por parte de Estados Unidos. El autor explora las implicaciones políticas, económicas y financieras para México.

La designación de los cárteles mexicanos como FTOs tendría consecuencias devastadoras para la economía mexicana, afectando a familias, empresas y al comercio internacional.

Resumen

• La propuesta de Estados Unidos de designar a los cárteles mexicanos como FTOs generaría un escrutinio sin precedentes al sistema financiero mexicano.
• Esta medida impactaría profundamente diversas industrias, la economía familiar y la percepción global de México.
• Se establecería una comparación con casos como Irán y Siria, donde las sanciones por financiamiento al terrorismo tuvieron consecuencias devastadoras.
• La designación exigiría un monitoreo más exhaustivo y costoso en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Las instituciones financieras mexicanas deberían revisar sus modelos de riesgo, criterios de alerta y la integración de expedientes de clientes.
• El efecto sería expansivo, afectando incluso a personas indirectamente relacionadas con los grupos criminales.
• Las relaciones económicas entre México y Estados Unidos, incluyendo comercio, servicios financieros y remesas, se verían gravemente afectadas.
• Las cadenas de suministro sufrirían interrupciones, especialmente en sectores como el automotriz y la manufactura.
• Se prevé un aumento de la desbancarización, el uso de canales de pago informales y una afectación a las remesas.

Conclusión

• La designación de los cárteles mexicanos como FTOs tendría consecuencias negativas de gran alcance para México.
• Se requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte del sector público y privado para mitigar los riesgos.
• Es necesario un análisis profundo de las implicaciones a largo plazo de esta medida.
• Se debe considerar la necesidad de una estrategia integral para enfrentar las consecuencias económicas y sociales.