La Gran Carpa

El texto de Redacción El Economista del 2 de Enero del 2026 aborda dos problemáticas persistentes en la Ciudad de México y a nivel federal: el incumplimiento de normativas por parte de aplicaciones de transporte y la falta de avances en la creación de una fiscalía especializada.

Las aplicaciones de transporte de pasajeros en la Ciudad de México continúan ofreciendo viajes en motocicleta, a pesar de estar prohibidos por ley.

📝 Puntos clave

• Aplicaciones de transporte en la Ciudad de México siguen ofreciendo viajes en motocicleta, contraviniendo la ley.
• Las amenazas de la autoridad de retirar permisos de operación no han surtido efecto.

• Publicidad
• Hay poca información pública sobre la nueva fiscalía especializada en robo a transportistas, acordada entre el gobierno federal y manifestantes.
• Iniciativas en el Congreso buscan crear mecanismos similares, pero la falta de avances genera incertidumbre.

🤖 Análisis con IA

Dice IA en modo pesimista:

La persistencia de las aplicaciones de transporte en ofrecer viajes en motocicleta, a pesar de las prohibiciones y las advertencias de la autoridad, revela una preocupante falta de acatamiento normativo y una posible debilidad en la aplicación de la ley. La ausencia de información concreta sobre la fiscalía especializada en robo a transportistas, sumada a la existencia de iniciativas legislativas rezagadas, sugiere que las promesas de seguridad y justicia para el gremio podrían quedar en el olvido, dejando a los transportistas vulnerables ante la delincuencia.

Dice IA en modo optimista:

A pesar de los desafíos, la existencia de un mandato gubernamental claro contra los viajes en motocicleta por parte de aplicaciones de transporte en la Ciudad de México sienta un precedente para futuras regulaciones. La negociación y el acuerdo entre el gobierno federal y los manifestantes del gremio para crear una fiscalía especializada, aunque con lentitud en su implementación, demuestran una voluntad de abordar el problema del robo a transportistas. La continua discusión de iniciativas en el Congreso indica un interés legislativo por mejorar la seguridad y la justicia en el sector.