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Este texto de Carlos Marín, escrito el 13 de enero de 2025, analiza la controversia suscitada por el desacato de una orden judicial que suspende la selección de jueces, magistrados y ministros en México. El autor critica la postura del Ejecutivo y Legislativo, y la justificación ofrecida por Arturo Zaldívar.

El desacato a una orden judicial por parte del Ejecutivo y Legislativo mexicanos, constituye un virtual golpe de Estado técnico al sistema republicano de gobierno.

Resumen

• La orden judicial para suspender la selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros es ignorada por el Ejecutivo y Legislativo de México.
• Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera la suspensión "improcedente" argumentando que el Tribunal Electoral tiene la última palabra en asuntos electorales.
• Zaldívar contradice sus propias declaraciones previas sobre el cumplimiento obligatorio de las suspensiones judiciales.
• Zaldívar atribuye las suspensiones a una "estrategia política" de Norma Piña.
• El Tribunal Electoral argumenta que las suspensiones no proceden en materia electoral.
• María Emilia Molina, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, refuta los argumentos de Zaldívar, señalando la ilegalidad del desacato a una orden judicial y la existencia de sanciones penales para quienes lo hacen (artículo 107 constitucional, fracción 17).
• Molina destaca que una resolución anterior no puede revocar una posterior.
• El artículo 107 constitucional (fracción 17) y la Ley de Amparo establecen sanciones penales para las autoridades que desobedecen autos de suspensión.

Conclusión

• El desacato a la orden judicial representa una grave violación al Estado de Derecho en México.
• La postura de Arturo Zaldívar es inconsistente y contraria a los principios básicos del derecho.
• Las acciones del Ejecutivo y Legislativo podrían constituir un golpe de Estado técnico.
• La opinión del Tribunal Electoral no puede invalidar una orden judicial.
• Es necesario que se apliquen las sanciones penales establecidas en la ley a quienes desobedecen las órdenes judiciales.