Rank Columnas | Mail o Telegram

El texto de Javier Coello, escrito el 13 de enero de 2025, analiza la reforma al artículo 19 constitucional de México, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, y sus implicaciones negativas para el sistema de justicia penal. El autor argumenta que esta reforma representa un retroceso en materia de derechos humanos y el estado de derecho.

La reforma al artículo 19 constitucional elimina la facultad de los jueces para interpretar las leyes en favor de los derechos humanos, regresando a un sistema de justicia más autoritario.

Resumen

• La reforma al artículo 19 constitucional de México, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, amplía el catálogo de delitos que justifican la prisión preventiva oficiosa.
• La prisión preventiva oficiosa, impuesta automáticamente sin necesidad de justificación judicial, fue declarada incompatible con el principio de presunción de inocencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Tzompaxtle y Tecpile y Otros vs. México” y “García Rodríguez y Otros vs. México”.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había declarado inválidas algunas fracciones del artículo 19 en 2022, pero la nueva reforma las reinstaura y prohíbe interpretaciones análogas o extensivas que puedan atenuar su aplicación.
• La reforma elimina la posibilidad de que los jueces interpreten las leyes en favor de los derechos humanos, lo que representa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales.
• La reforma contraviene el principio pro persona, reconocido en la Constitución y tratados internacionales, y viola los compromisos internacionales de México.
• La reforma menoscaba la independencia judicial, la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos.

Conclusión

• La reforma al artículo 19 constitucional representa un grave retroceso en el sistema de justicia penal mexicano.
• La reforma vulnera los derechos humanos de los mexicanos y fortalece el autoritarismo estatal.
• La reforma pone en entredicho la autoridad y la función de la SCJN y otros órganos judiciales.
• La reforma implica un incumplimiento de las obligaciones internacionales de México.
• Es necesario un debate público y una acción política para revertir los efectos negativos de esta reforma.