El texto de Ricardo Peralta Saucedo del 9 de septiembre de 2024 analiza la importancia de la cadena de custodia en el sistema de justicia penal mexicano, destacando la necesidad de una reforma integral que garantice la eficiencia y la confianza en el sistema.
Resumen
Peralta Saucedo argumenta que la cadena de custodia es fundamental para la investigación de delitos, ya que garantiza la integridad de la evidencia desde su descubrimiento hasta su presentación en juicio.
El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece la obligación de documentar todos los indicios relacionados con un delito, incluyendo la evidencia física.
Peralta Saucedo destaca la importancia de la capacitación y profesionalización de los primeros respondientes, quienes son el primer eslabón en la cadena de custodia.
El Senado de la República ha establecido el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, que busca armonizar la actuación de las diferentes autoridades en la escena del crimen.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública han emitido la Guía Nacional de Cadena de Custodia, que establece los lineamientos generales para la gestión de la evidencia.
Peralta Saucedo considera que la reforma judicial en curso debe incluir una revisión profunda del sistema de justicia penal, incluyendo la cadena de custodia.
El autor critica la percepción social de impunidad y desprestigio institucional, que se deriva de la falta de capacitación y profesionalización de los operadores del sistema de justicia.
Peralta Saucedo enfatiza que la reforma del sistema de justicia debe ser en beneficio del pueblo, como lo establece el artículo 39 constitucional.
Conclusión
El texto de Ricardo Peralta Saucedo destaca la importancia de la cadena de custodia como un elemento fundamental para la justicia penal en México. El autor argumenta que la reforma judicial en curso debe incluir una revisión profunda del sistema, incluyendo la cadena de custodia, para garantizar la eficiencia y la confianza en el sistema de justicia. La capacitación y profesionalización de los operadores del sistema, así como la implementación de protocolos y guías estandarizados, son cruciales para lograr este objetivo.
