¿Realmente tenemos una política de movilidad?

El texto de Alicia Salgado del 30 de septiembre de 2024 analiza la extensión del decreto para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera hasta el 2026, una política que ha sido justificada como una medida para proteger el patrimonio familiar de la población migrante y reducir el uso de autos no regularizados en la comisión de delitos.

Resumen

• El decreto, que se supone regularizó 2.5 millones de vehículos con estancia ilegal en México, no cumple con las disposiciones aplicables a la importación de vehículos usados, conforme a la ley aduanera.
• No se exige certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, intervención de un agente aduanal, registro en el padrón de importadores, ni llenado de un formato para el Repuve.

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• Tampoco se verifica el año de internación o el pago del permiso de internación temporal en Banjército.
• La extensión del decreto hasta el 2026 parece no tener la intención de regularizar la introducción irregular de autos, ya que no se exige la acreditación legal de exportación del vehículo del lugar de procedencia.
• El decreto anterior, que venció el 30 de septiembre de 2024, incluía cupos, condiciones específicas para el despacho aduanero, historial vehicular expedido por empresas registradas como proveedoras, certificación fisicomecánica y de condiciones de emisión mínimas.
• El decreto actual no considera la enorme cantidad de accidentes viales en los que participan vehículos que no cumplen con las normas fisicomecánicas ni de seguridad automotriz.

Conclusión

El texto de Alicia Salgado critica la extensión del decreto para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera, argumentando que no cumple con las disposiciones legales y no garantiza la seguridad vial. La autora considera que la intención del gobierno no es realmente regularizar la introducción de autos, sino simplemente posponer la solución a un problema complejo.