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El texto, escrito por Horacio Martínez Meza el 3 de septiembre de 2024, analiza las causas del retiro de los proyectos del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la Ciudad de México en diciembre de 2023, y propone soluciones para avanzar en la planeación urbana de la ciudad.

Resumen

• La omisión de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México de aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial a más tardar el 31 de mayo de 2020, incumpliendo el artículo sexto transitorio de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.
• La reforma en 2019 de los artículos transitorios décimo quinto y octavo de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, respectivamente, que transgredió el principio de jerarquía previsto en la Constitución Local.
• La omisión del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP) de elaborar conjuntamente con la SEPI y los Pueblos y Barrios Originarios los lineamientos para la participación de estos últimos en la formulación del PGD y PGOT.
• La falta de consulta indígena a los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT y los artículos 21 numeral 1 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 66 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo.
• Las movilizaciones de los Pueblos Originarios, principalmente de Milpa Alta y Xochimilco, en contra de los proyectos del PGD y PGOT.
• El retiro de los proyectos de planeación por parte del Jefe de Gobierno el 7 de diciembre de 2023, una decisión que permitirá a la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la próxima Jefa de Gobierno construir una ruta legislativa que genere consensos.
• La necesidad de reformar los artículos décimo quinto y octavo de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo para establecer nuevos plazos para la entrada en vigor de los instrumentos de planeación, respetando el principio de jerarquía.
• La necesidad de reformar la Ley Orgánica del IPDP para fortalecer la Oficina Especializada de Consulta y Participación en materia de derecho a la consulta indígena.
• La necesidad de reformar la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México para reconocer a todos los Pueblos y Barrios Originarios.
• La designación de Nelly Juárez Audelo como titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades indígenas Residentes (SEPI) brinda una oportunidad para construir una agenda legislativa que atienda la falta de consulta indígena.
• La experiencia de Nelly Juárez Audelo como diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y su participación en el Mecanismo de Consulta Indígena instalado a iniciativa de la entonces Asamblea Legislativa del DF, la posicionan como una figura clave para la construcción de consensos.
• La posibilidad de que la Ciudad de México cuente finalmente con sus instrumentos de planeación, gracias a las condiciones dadas y las personas adecuadas para construir los consensos necesarios.