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El texto de Elena Burns del 26 de septiembre de 2024 reflexiona sobre la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992 en México, a 32 años de su aprobación, en el contexto de una crisis hídrica y un mandato constitucional que reconoce el derecho humano al agua.

Resumen

• La LAN, inspirada en el Código de Aguas de 1981 en Chile, estableció un sistema de concesiones libremente otorgadas y comerciables, similar a la propiedad privada del agua, bajo el argumento de que los mercados son el mecanismo más eficiente para asegurar el acceso al agua.
• La LAN representó una ruptura con la Ley Federal de Aguas (LFA) de 1971, que reconocía los derechos al agua de los ejidos y comunidades indígenas, y tenía mecanismos para prevenir el acaparamiento y la concentración de agua en zonas de escasez.
• La LAN priorizó el otorgamiento de concesiones para aguas nacionales, lo que llevó a un aumento exponencial de concesiones sin verificación en campo, sin planes de sustentabilidad, ni respeto a vedas, reservas o consultas públicas.
• La sobreconcesión de 209 cuencas y acuíferos, sin mecanismos para corregirla, obligó a la Conagua a impulsar los mercados del agua, convirtiendo la compraventa de derechos en la única forma de obtener agua en zonas deficitarias.
• La LAN permitió a los Distritos de Riego (DR) manejar sus propios mercados del agua, lo que ha generado lucro con el agua nacional destinada al uso agrícola, exenta del pago de derechos.
• La Conagua, a través de su gerencia "Bancos del Agua", documenta los precios de compraventa de derechos y facilita la conexión entre compradores (inmobiliarias, usuarios industriales y agroindustriales) y vendedores (autoridades ejidales).
• Actualmente, el 70% de las aguas nacionales concesionadas están en manos del 7% de los titulares.
• La reforma al 4º Artículo Constitucional en 2012, reconociendo el derecho humano al agua, obliga a recuperar el control público y participativo sobre el sistema de asignación de derechos al agua.

Conclusión

El texto de Elena Burns plantea la necesidad de una profunda revisión de la LAN, reconociendo sus fallas y la necesidad de un sistema de gestión del agua más equitativo, sustentable y que priorice el derecho humano al agua. La reforma constitucional de 2012 ofrece una oportunidad para avanzar hacia un modelo de gestión del agua más democrático y participativo, que garantice el acceso al agua para todos.