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El texto de Jorge Fernández Menéndez del 26 de septiembre de 2024 analiza las inconsistencias en la investigación del caso Ayotzinapa y critica la estrategia de la fiscalía especial, liderada por Omar Gómez Trejo y Alejandro Encinas, de utilizar testimonios de sicarios de Guerreros Unidos (GU) como pruebas para implicar a militares en el crimen.

Resumen

• Fernández Menéndez argumenta que la fiscalía especial convirtió a sicarios de GU, como Gildardo López Astudillo, conocido como El Cabo Gil, en testigos protegidos a cambio de su libertad, a pesar de que sus declaraciones eran contradictorias y carecían de pruebas.
• Se destaca el caso de Neto, alias Ernesto Ramírez Gómez, quien en su primera declaración en 2021 mencionó la participación de policías y soldados en el crimen, pero luego, en 2023, dijo no recordar detalles. En 2024, sin embargo, recordó los nombres de los soldados después de que la fiscalía le mostrara un álbum fotográfico.
• Carla, alias Carlos Leyva González, otro testigo clave, también ofreció declaraciones contradictorias, inicialmente identificando a un policía ministerial y un capitán del Ejército, pero luego, en 2024, identificando a siete militares específicos después de ver un álbum fotográfico.

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• El Cabo Gil, en su primera declaración en 2015, negó su participación en el crimen, pero luego, en 2021, acusó al general Saavedra, jefe de la Región Militar, al capitán Crespo y a otros militares de estar involucrados.

Conclusión

Fernández Menéndez concluye que la investigación del caso Ayotzinapa se basa en testimonios poco fiables y que la fiscalía especial ha manipulado las declaraciones de los sicarios para implicar falsamente a militares en el crimen. La falta de pruebas y las contradicciones en los testimonios ponen en duda la veracidad de la investigación y la posibilidad de encontrar justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos.