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El texto analiza la controversia que se generó en torno a la asignación de diputaciones federales de representación proporcional (RP) en las elecciones de 2024, y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confirmó la validez de dicha asignación.

Resumen

• La resolución del TEPJF se basó en el marco legal vigente, incluyendo la Constitución, la ley electoral, la jurisprudencia y los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE).
• A pesar de la claridad legal, la asignación de diputaciones generó un intenso debate nacional, con una percepción errónea de que debía realizarse de manera distinta a la establecida desde 2009.
• Se ejerció una fuerte presión sobre el TEPJF para que se implementara una idea que priorizara una relación exacta entre votos y escaños, a pesar de que el sistema electoral mexicano no está diseñado para la proporcionalidad pura.

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• Se utilizaron diversos canales de comunicación para presionar al TEPJF, incluyendo la colocación de espectaculares con los rostros de las magistraturas, artículos de opinión y comunicados de exconsejeros del INE y ex magistrados del TEPJF.
• Se emitieron graves insultos, reproches y amenazas de muerte contra las magistraturas del TEPJF, a través de correos electrónicos y redes sociales.
• La interpretación del contenido y los alcances de la regulación sobre los límites de la sobrerrepresentación en la RP ha sido clara y consistente desde 2009, y no depende de intereses partidistas.
• El TEPJF no puede sustituir la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, y los resultados electorales fueron decididos por el pueblo mexicano el 2 de junio.

Conclusión

El texto destaca la importancia de respetar el marco legal y la voluntad de la ciudadanía en los procesos electorales. La presión ejercida en función de intereses particulares socava la legitimidad de las instituciones y procesos electorales, y cuestiona la verdadera oposición en México.