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El texto de José Yuste del 19 de septiembre de 2024 analiza la situación actual de la inversión en México y las posibles consecuencias de la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador.

Resumen

• José Medina Mora, presidente de la Coparmex, afirma que las inversiones en México se están yendo, citando como ejemplos la salida de una maquiladora a Honduras y la partida de 14 maquiladoras de Ciudad Juárez, con 44 mil empleos.
• La Coparmex y varias casas de análisis consideran que la reforma judicial, promulgada el 15 de septiembre, podría generar jueces a modo o politizados, debido a su elección por voto popular.
• La reforma judicial, junto con el déficit público de 6% del PIB y la desaceleración económica, podrían crear una "tormenta perfecta" para la inversión en México.
• La reforma judicial también podría generar problemas en el T-MEC, ya que México es el principal exportador a EU, con casi 600 mil millones de dólares de exportaciones anuales.
• El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, suaviza las declaraciones de la Coparmex, asegurando que la reforma judicial no es un signo de autoritarismo.
• La inversión extranjera directa del primer semestre, de 31 mil millones de dólares, no trae nuevas inversiones, sino que 97% son reinversiones de empresas ya instaladas en el país.
• Marcelo Ebrard, secretario de Economía de Claudia Sheinbaum, se reunirá con empresarios de EU para explicarles la reforma judicial.
• La Presidenta electa también se reunirá con empresarios de EU el 15 de octubre en la Cumbre US-Mexico CEO Dialogue.
• La Reserva Federal recortó las tasas de interés en 50 puntos base, lo que podría llevar a Banxico a bajar su tasa de referencia el 26 de septiembre.
• El peso mexicano se depreció 17 centavos, cerrando en 19.27 pesos por dólar.

Conclusión

El texto de José Yuste destaca la preocupación del empresariado mexicano por la reforma judicial y sus posibles consecuencias para la inversión. La situación actual requiere un manejo de crisis y soluciones de certeza jurídica para atraer las inversiones del nearshoring, que podrían llegar a 35 mil millones de dólares anuales.