El texto de Manuel J. Jáuregui, publicado el 18 de septiembre de 2024, analiza la situación actual en Sinaloa y la respuesta del gobierno mexicano ante la guerra entre grupos del narcotráfico. Jáuregui critica la postura del gobierno, que parece priorizar la no intervención en lugar de la seguridad de los ciudadanos.
Resumen
Jáuregui inicia su análisis cuestionando la responsabilidad de los gobernantes, que tradicionalmente se ha centrado en "guardar y hacer guardar la PAZ y el ORDEN público".
La situación actual en Sinaloa, con enfrentamientos entre "Los Chapitos" y "El Mayito Flaco", demuestra que la seguridad pública no es una prioridad para el gobierno.
Las autoridades militares, incluyendo el Secretario de la Defensa y el Jefe de la Región, han declarado que la paz en Sinaloa solo se logrará cuando los narcos dejen de pelear.
La Presidenta electa ha refrendado esta postura, similar a la del "Jefe Máximo" en el 2019 durante el primer "culiacanazo".
Jáuregui critica la inacción del gobierno, que deja la seguridad de los CIUDADANOS en manos de los delincuentes.
La situación actual se da en el contexto de la reforma constitucional que busca transferir la Guardia Nacional a la SEDENA, lo que implica que el Ejército será responsable de la seguridad pública.
Jáuregui cuestiona la paradoja de que el gobierno cambie la Constitución para darle más poder al Ejército, pero al mismo tiempo se niegue a actuar en Sinaloa.
El autor considera que la inacción del gobierno mexicano será vista con sumo interés por las agencias de inteligencia norteamericanas, como la DEA, la CIA, el FBI, Homeland Security, el Departamento de Estado y la Secretaría de la Defensa.
Jáuregui destaca que el Cártel de Sinaloa, la organización en guerra, es la principal traficante de fentanilo hacia Estados Unidos.
La política de "no intervención" del gobierno mexicano será interpretada negativamente por Estados Unidos, ya que se considera una violación de la paz y el orden público.
Conclusión
Manuel J. Jáuregui critica la postura del gobierno mexicano ante la situación en Sinaloa, considerándola una abdicación de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos. La inacción del gobierno, en el contexto de la reforma constitucional que busca transferir la seguridad pública al Ejército, genera una paradoja y una percepción negativa en el ámbito internacional.
