El texto de Mariana Campos, publicado el 11 de septiembre de 2024, analiza la importancia de un presupuesto adecuado para el Poder Judicial, especialmente en el contexto mexicano.
Resumen
Campos argumenta que los poderes judiciales deben contar con un presupuesto estable y garantizado, protegido de ataques derivados de su labor como contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU consideran que los recursos para el poder judicial deben aumentar progresivamente.
En México, el gasto del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha experimentado un comportamiento regresivo en los últimos años, con una disminución significativa en su proporción del gasto programable del sector público.
El gasto del PJF en 2024 podría ser el más bajo desde el año 2000, representando solo el 0.25% del PIB, una cifra inferior al promedio de América Latina.
El texto identifica tres etapas en el comportamiento del gasto del PJF: una etapa de expansión (2000-2012), una etapa de crecimiento moderado (2012-2018) y una etapa de declive (2018-2023).
A pesar de la reducción presupuestaria, la demanda de servicios judiciales a nivel federal ha aumentado considerablemente, lo que significa que el PJF ha trabajado más con menos recursos.
Campos destaca que un presupuesto suficiente y estable es indispensable para mejorar el acceso a la justicia y el desempeño del PJF, incluyendo la posibilidad de aumentar el número de jueces, impulsar herramientas digitales y fortalecer los centros de justicia alternativa.
La Reforma Judicial actual, según Campos, perdió la oportunidad de abordar la relación entre necesidades y capacidades para mejorar el acceso a los tribunales.
Conclusión
El texto de Mariana Campos pone de manifiesto la necesidad de un presupuesto adecuado y estable para el Poder Judicial de la Federación en México. La autora argumenta que la reducción presupuestaria actual afecta negativamente la capacidad del PJF para cumplir con su función de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos.
