Fernandito y el Estado que llegó tarde

El texto de Ana Lilia García Castelán, fechado el 11 de agosto de 2025, es una crítica mordaz a la situación de la justicia y la seguridad en el Estado de México, a raíz del asesinato del niño Fernandito. La autora denuncia la negligencia de las instituciones, la indiferencia de la sociedad y la politización de la seguridad pública.

El caso de Fernandito revela un sistema fallido y una sociedad indiferente ante la vulnerabilidad infantil.

📝 Puntos clave

• El asesinato de Fernandito, un niño de cinco años, expone la ineficacia del sistema de protección infantil en el Edomex.
• La madre de Fernandito fue ignorada por el DIF municipal, la Fiscalía Regional de La Paz y la de Nezahualcóyotl antes del trágico desenlace.

• Publicidad
• La sociedad civil, conocedora del maltrato, no intervino, evidenciando una falta de empatía generalizada.
• Cristina Ruiz, líder del PRI - Edomex, critica la estrategia de seguridad del gobierno estatal y denuncia un sesgo partidista en la asignación de recursos.
• La relación entre el PT y Morena se deteriora, aunque se espera una reconciliación en tiempos electorales. El Partido Verde se mantiene activo.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué es lo más negativo que se desprende del texto?

La negligencia institucional y la indiferencia social ante el caso de Fernandito son lo más alarmante. Que un niño muera por una deuda de mil pesos y que las autoridades ignoren las peticiones de ayuda de su madre, mientras los vecinos callan ante el maltrato, revela una profunda crisis moral y un sistema de protección infantil completamente disfuncional en el Estado de México.

¿Qué aspecto positivo, si lo hay, se puede rescatar del texto?

El cortejo fúnebre de Fernandito, aunque trágico, representa un acto de amor y rabia que busca despertar la conciencia social y exigir justicia. Los gritos de "¡justicia!" que resonaron durante el entierro son un llamado a la acción para transformar un sistema que ha fallado a los más vulnerables. Además, la denuncia de Cristina Ruiz sobre la politización de la seguridad pública puede generar presión para una gestión más transparente y equitativa de los recursos.