Gobierno, ¿espía?

El texto de Gabriel Torres, publicado el 4 de julio de 2025, analiza la controversia generada por el reciente paquete legislativo en México sobre seguridad e inteligencia, que incluye la creación de una CURP biométrica y el fortalecimiento de las capacidades del Estado para el cruce de bases de datos. El autor argumenta que la oposición a estas medidas, presentada como un "gobierno espía", es una reacción simplista y poco reflexiva.

Un Estado sin capacidad de cruce de datos está condenado a la ineficacia en la lucha contra la delincuencia.

📝 Puntos clave

• El debate público en México sobre seguridad e inteligencia está polarizado y marcado por la desinformación.
• La creación de una CURP biométrica y el fortalecimiento de las capacidades del Estado para el cruce de datos han generado controversia.

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• Gabriel Torres argumenta que el acceso a información personal por parte del Estado no es sinónimo de espionaje si está regulado y supervisado.
• La falta de capacidad del Estado para cruzar datos y la fragmentación institucional dificultan la lucha contra la impunidad y la violencia.
• Existe una paradoja en la sociedad mexicana, que entrega voluntariamente sus datos a empresas privadas pero se opone a que el Estado los utilice para fines de seguridad.
• La verdadera amenaza no es que el Estado tenga acceso a los datos, sino que los tenga sin control o que no los tenga en absoluto.
• Carlos A. Pérez Ricart afirma que la inteligencia no es sinónimo de autoritarismo si se ejerce bajo controles democráticos.
• Según el INEGI (ENVIPE 2023), el 94.2% de los delitos no se denuncian o no se investigan en México.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal riesgo o aspecto negativo que se desprende del texto?

La falta de control y supervisión en el acceso a los datos por parte del Estado, lo que podría derivar en abusos y violaciones a la privacidad de los ciudadanos.

¿Cuál es el principal beneficio o aspecto positivo que se desprende del texto?

La posibilidad de fortalecer la seguridad pública y combatir la impunidad a través del uso estratégico y regulado de la información por parte del Estado, siempre y cuando se establezcan controles democráticos y mecanismos de supervisión efectivos.