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Este texto, publicado el 24 de julio de 2025, aborda la desaparición de Bernardo Aldana, coordinador de la organización ACME en Jilotepec, y las circunstancias que rodean este hecho.

Un dato importante es la posible conexión entre la desaparición de Bernardo Aldana y las acusaciones de extorsión contra la organización ACME.

📝 Puntos clave

• La desaparición de Bernardo Aldana, coordinador de ACME, ha generado controversia.
• ACME es señalada por presuntas prácticas de extorsión en varios municipios del Estado de México.

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• No existe denuncia formal ante la Fiscalía mexiquense por la desaparición, pero se inició una investigación de oficio.
• El bloqueo carretero realizado por la agrupación para exigir la localización de Aldana levanta sospechas.
• La Secretaría de Bienestar comenzará a entregar bienes asegurados a la delincuencia, como una forma de "devolver al pueblo lo extorsionado".
• Este proceso se da tras un operativo y un proceso jurídico que involucra al Ministerio Público, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Secretaría de Bienestar.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos se pueden identificar en la información presentada sobre la desaparición de Bernardo Aldana y las acciones de ACME?

La falta de denuncia formal ante la Fiscalía mexiquense por la desaparición de Bernardo Aldana, a pesar del bloqueo carretero realizado por ACME, genera dudas sobre las verdaderas intenciones de la organización. Además, las acusaciones de extorsión contra ACME y su posible relación con la desaparición de su coordinador plantean serias interrogantes sobre la legalidad de sus actividades. La coincidencia con los bloqueos de transportistas en el sur del Estado de México que defendían esquemas de extorsión también es preocupante.

¿Qué aspectos positivos se pueden destacar en la respuesta del gobierno ante la situación de extorsión en el Estado de México?

La iniciativa de la Secretaría de Bienestar de entregar bienes asegurados a la delincuencia a la población, como una forma de "devolver al pueblo lo extorsionado", es un paso positivo. Este proceso, que involucra al Ministerio Público, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Secretaría de Bienestar, demuestra un esfuerzo coordinado para combatir la extorsión y resarcir a las víctimas.