Nueva ley telecom: es lo mismo, pero no es igual

El texto de Gerardo Flores Ramírez, fechado el 1 de Julio de 2025, analiza la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado de la República, centrándose en las diferencias entre el extinto IFT y la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El autor critica la falta de autonomía de la CRT debido a la posibilidad de remoción de sus comisionados por solicitud del Ejecutivo Federal.

Un dato importante es la crítica a la falta de autonomía de la CRT debido a la influencia del Ejecutivo Federal.

📝 Puntos clave

• Senadores de la 4T argumentan que la nueva ley se basa en disposiciones legales vigentes desde 2014.
• Gerardo Flores Ramírez señala que el contexto cambia drásticamente debido a la naturaleza de la autoridad encargada de la aplicación de la ley.

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• El IFT, a pesar de sus imperfecciones, era una autoridad más independiente del poder político.
• El artículo 23 de la nueva ley permite la remoción de comisionados de la CRT por solicitud del Ejecutivo Federal y aprobación del Senado por mayoría simple.
• Esta disposición compromete la autonomía técnica y de gestión de la CRT.
• La facultad de la CRT para suspender transmisiones que violen la ley representa un riesgo para la libertad de expresión, ya que podría ser utilizada bajo presión política.
• Se menciona a Altán y CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como decisiones cuestionables del IFT.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que destaca el texto sobre la nueva ley?

La falta de autonomía de la CRT debido a la posibilidad de remoción de sus comisionados por influencia del Ejecutivo Federal, lo que compromete su capacidad para regular de manera independiente y objetiva, poniendo en riesgo la libertad de expresión.

¿Hay algún aspecto positivo que se pueda rescatar del texto, aunque sea implícitamente?

El texto no destaca aspectos positivos de la nueva ley. Sin embargo, implícitamente reconoce que el IFT, a pesar de sus errores, era una autoridad más independiente y menos susceptible a la presión política que la nueva CRT.