Exhortamos a proteger a la infancia con un sistema judicial íntegro

El texto de Annayancy Varas, fechado el 1 de julio de 2025, expone graves irregularidades en el reciente proceso electoral para elegir representantes del Poder Judicial en México. Se centra en dos casos alarmantes de individuos electos para cargos judiciales que enfrentan serias acusaciones, poniendo en tela de juicio la integridad del proceso de selección y la idoneidad de los candidatos.

Un dato importante es que el INE anuló el triunfo de uno de los candidatos por ser prófugo de la justicia.

📝 Puntos clave

• El texto denuncia la elección de Héctor Ulises Orduña Hernández como juzgador mixto en Veracruz, a pesar de estar en prisión preventiva por presunto abuso sexual de una menor.
• Se critica la elección de Juan Miguel Morales Monter como magistrado de lo familiar, acusado por el Frente Nacional de Mujeres y otras madres de violencia vicaria y colusión para quitarles la custodia de sus hijos.

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• Organizaciones civiles exigen la revisión de los expedientes de los candidatos electos, cuestionando la eficacia de los controles de integridad.
• El INE había establecido impedimentos para candidatos con antecedentes de violencia o deudas alimentarias, pero estos parecen haber sido insuficientes.
• Early Institute exige a las autoridades actuar con celeridad y transparencia, priorizando la protección de la infancia y la adolescencia.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos se resaltan en el texto sobre el proceso electoral y los candidatos electos?

El texto destaca la falta de controles efectivos para evitar que personas con graves acusaciones, como Héctor Ulises Orduña Hernández y Juan Miguel Morales Monter, sean elegidas para cargos en el Poder Judicial. Esto pone en riesgo la integridad del sistema de justicia y la protección de los derechos de las víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes.

¿Qué acciones positivas o recomendaciones se proponen en el texto para mejorar la situación?

El texto insta a las autoridades a actuar con celeridad, transparencia y con el más alto estándar de protección a las infancias y las adolescencias. Además, se hace un llamado a defender el interés superior de la niñez y a garantizar que la justicia esté realmente al servicio de la seguridad y protección de los menores. Se enfatiza la necesidad de un sistema de justicia compuesto por personas íntegras, éticas y comprometidas con la defensa de los derechos.