Ley de la Guardia Nacional: la continua apuesta por la militarización

El texto de Mario Patrón, fechado el 26 de junio de 2025, analiza la creciente militarización en México y sus implicaciones para los derechos humanos y la seguridad pública. El autor critica la reciente aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional y su traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), argumentando que representa un retroceso en materia de derechos humanos y una estrategia ineficaz para combatir la violencia.

La militarización en México no es un proceso privativo de un partido político, sino una dinámica sostenida durante ya cuatro administraciones presidenciales de distinto signo partidista.

📝 Puntos clave

• La aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional y su traspaso a la SEDENA son criticados como un retroceso en derechos humanos.
• Se argumenta que la militarización, tanto directa como indirecta, es una estrategia ineficaz para reducir la violencia en México.

• Publicidad
• El autor destaca que la militarización ha sido una constante en las últimas cuatro administraciones presidenciales, independientemente del partido político en el poder.
• Se mencionan casos recientes de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, incluyendo asesinatos de migrantes y civiles.
• El autor propone fortalecer las instituciones civiles, capacitar a la policía, reformar las fiscalías y adoptar estrategias de seguridad regionales como alternativas a la militarización.
• La Guardia Nacional y la SEDENA fueron en el sexenio anterior dos de las instituciones con más quejas ante la CNDH.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La persistencia de la militarización como estrategia de seguridad pública a pesar de su probada ineficacia y los riesgos que conlleva para los derechos humanos y la democracia en México.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se puede extraer del texto?

La propuesta de alternativas a la militarización, como el fortalecimiento de las instituciones civiles, la capacitación policial y la adopción de estrategias de seguridad regionales, que podrían conducir a una solución más efectiva y respetuosa de los derechos humanos para abordar la crisis de violencia en México.