La “licencia especial” abre el poder a los militares

Este texto de Salvador Garcia Soto, publicado el 25 de junio de 2025, analiza la controversia generada por la reforma a la Ley de la Guardia Nacional impulsada por la presidenta, que permite a los militares postularse a cargos de elección popular con licencias temporales, y las implicaciones que esto podría tener en el equilibrio de poderes y la independencia de la Suprema Corte.

La reforma a la Ley de la Guardia Nacional permite a los militares postularse a cargos de elección popular con licencias temporales, lo que difiere de la exigencia de separación definitiva establecida en la reforma de Carranza.

📝 Puntos clave

• La presidenta descalifica las críticas a su reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que permite a los militares postularse a cargos de elección popular con licencias temporales.
• La reforma difiere de la reforma de Carranza que exigía la separación definitiva de la vida militar para ocupar cargos públicos.

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• Se anticipa que cualquier controversia constitucional contra la reforma sería ganada en la Suprema Corte, aunque se duda de la independencia de la "Nueva Suprema Corte".
• Se cuestiona la lógica de la reforma y si busca promover a militares a cargos políticos, así como qué se le está pagando a las Fuerzas Armadas.
• Se destaca la dignidad de la magistrada Janine Otalora del Tribunal Electoral, quien declinó extender su mandato a pesar de la reforma que lo permitía.
• Se menciona una coincidencia entre las críticas de la presidenta a Televisión Azteca y la negación de un amparo a Elektra por un adeudo fiscal.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que plantea el texto sobre la reforma a la Ley de la Guardia Nacional?

La mayor preocupación radica en la potencial erosión de la separación de poderes y la militarización de la política. La reforma, al permitir licencias temporales en lugar de la separación definitiva de la vida militar, abre la puerta a que militares en activo influyan en la política civil y ocupen cargos de elección popular, lo que podría comprometer la independencia del poder civil y la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas. Además, la duda sobre la independencia de la "Nueva Suprema Corte" genera inquietud sobre la capacidad de frenar reformas inconstitucionales.

¿Qué aspecto positivo, si lo hay, se puede rescatar del texto?

El gesto de dignidad de la magistrada Janine Otalora al rechazar la extensión de su mandato en el Tribunal Electoral es un ejemplo de integridad y defensa de la legalidad. Su decisión, en un contexto de presunta sumisión del Tribunal Electoral al poder político, representa un acto de resistencia y un recordatorio de la importancia de la independencia judicial.