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El caso Javier Tapia Santoyo en el IPN ha escalado a la arena penal y política, con acusaciones de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

La creación de empleo formal es la más baja en diez años, excluyendo el año de la pandemia.

La decisión de la Suprema Corte es calificada como un "magnicidio constitucional" que transforma al Poder Judicial en una "trituradora de derechos".