Lo que mal comienza…

Este texto de Leo Zuckermann, publicado el 28 de enero de 2026, analiza las consecuencias de la reforma al Poder Judicial en México. El autor argumenta que la reforma, lejos de fortalecer el Estado de derecho, tuvo un propósito político para asegurar el control del partido gobernante sobre este poder.

La reforma al Poder Judicial en México ha resultado en la pérdida de independencia de los juzgadores, quienes ahora actúan como empleados del partido gobernante, afectando la certidumbre jurídica y la inversión.

📝 Puntos clave

• La reforma al Poder Judicial tuvo un objetivo político: controlar el poder judicial.
• Los nuevos juzgadores fueron seleccionados a través de elecciones con baja participación y presuntas irregularidades.

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• La nueva Suprema Corte ha fallado consistentemente a favor de las iniciativas del gobierno de López Obrador.
• La independencia judicial es crucial para proteger a los ciudadanos de abusos de poder.
• La compra de camionetas blindadas para los ministros evidencia un desapego a la austeridad prometida.

🤖 Análisis con IA

Dice IA en modo pesimista:

Lo más negativo del texto es la profunda erosión del Estado de derecho y la pérdida de la independencia judicial. La reforma ha transformado a los juzgadores en meros empleados del partido gobernante, lo que significa que la ley ya no protege al ciudadano frente a los abusos de poder, sino que se convierte en una herramienta para ratificar las decisiones del gobierno. Esta situación genera desconfianza, desincentiva la inversión y deja a la sociedad desprotegida ante posibles arbitrariedades.

Dice IA en modo optimista:

Lo más positivo del texto, aunque implícito, es la crítica abierta y el señalamiento de las fallas. El hecho de que Leo Zuckermann exponga estas problemáticas, como la alineación de la Corte con el gobierno y el escándalo de las camionetas, sugiere que aún existe un espacio para el debate público y la rendición de cuentas. La mención de la Presidenta censurando la compra de vehículos y la posterior retractación de Hugo Aguilar Ortiz podrían interpretarse como pequeños indicios de que la presión social y mediática aún pueden tener algún efecto, aunque sea mínimo, en la conducta de los funcionarios.