Simulación legislativa

El texto de Gabriel Torres Espinoza, fechado el 12 de Mayo de 2025, analiza los resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2024 del INEGI, enfocándose en el caso del Congreso de Jalisco. El autor critica la eficiencia y productividad del congreso local, señalando una discrepancia entre la cantidad de iniciativas presentadas y las aprobadas, así como un elevado número de empleados y un alto porcentaje del presupuesto destinado a salarios.

El Congreso de Jalisco lidera a nivel nacional en iniciativas presentadas, pero no en su aprobación, lo que sugiere una simulación legislativa.

📝 Puntos clave

• El Congreso de Jalisco presenta un alto número de iniciativas (3,401), pero un bajo porcentaje de aprobación (18.5%).
• El congreso tiene un elevado número de empleados (1,076), superando las recomendaciones del IMCO desde 2022.

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• El presupuesto del congreso para 2025 es de 1,053 millones de pesos, con un 90% destinado a salarios y prestaciones.
• El autor critica la falta de voluntad política para reducir la nómina y eliminar plazas vacantes.
• Se enfatiza la necesidad de que el congreso recupere su función de equilibrio de poder y generador de soluciones legislativas.

❓ Conclusiones FAQ

¿Cuál es el principal problema que identifica el autor en el Congreso de Jalisco?

El principal problema es la discrepancia entre la gran cantidad de iniciativas presentadas y el bajo porcentaje de aprobación, lo que sugiere una simulación legislativa en lugar de una verdadera intención de legislar.

¿Qué datos del INEGI utiliza el autor para respaldar su crítica?

El autor utiliza los datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2024 del INEGI, específicamente las cifras sobre iniciativas presentadas, aprobadas, número de empleados y presupuesto del congreso.

¿Qué recomienda el autor para mejorar la situación del Congreso de Jalisco?

El autor recomienda que el congreso recupere su verdadera función de equilibrio de poder, espacio de deliberación pública y generador de soluciones legislativas para los ciudadanos, implicando una revisión de la eficiencia y el uso de los recursos.