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El texto de Maria Elena Morera, publicado el 26 de abril de 2025, analiza las posibles consecuencias de que el gobierno mexicano reconozca la existencia de una práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas en el país, tras la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité de la ONU.

El reconocimiento de la sistematicidad de las desapariciones podría llevar a acciones legales a nivel nacional e internacional, incluso ante la Corte Penal Internacional.

Resumen

• El Comité de la ONU advierte sobre indicios de una práctica generalizada o sistemática de desapariciones en México.
• El gobierno mexicano responde negando y desacreditando el informe.
• Reconocer la sistematicidad implicaría aceptar la responsabilidad política e institucional del Estado, así como la ineficacia o complicidad de las instituciones de seguridad y justicia, incluyendo las instituciones castrenses.
• El reconocimiento podría debilitar la legitimidad del gobierno y generar presión por parte de las familias de las víctimas, organizaciones y organismos internacionales.
• Existe la posibilidad de que se configuren crímenes de lesa humanidad, lo que podría llevar a acciones legales ante la Corte Penal Internacional.
• La autora propone que el gobierno reconozca la magnitud del problema y lo enfrente con valentía, lo que podría fortalecer su legitimidad histórica y abrir la puerta a reformas institucionales y reconciliación con las víctimas.
• La verdadera preocupación del gobierno debe ser proteger a los mexicanos, no su imagen.

Conclusión (FAQ)

• ¿Cuál es el principal temor del gobierno ante el reconocimiento de la sistematicidad de las desapariciones? El temor principal es el impacto en su narrativa de eficacia y defensa de los derechos humanos, así como las posibles consecuencias legales y políticas, incluyendo la pérdida de legitimidad.
• ¿Qué beneficios podría traer el reconocimiento de la sistematicidad de las desapariciones? Podría abrir la puerta a reformas institucionales profundas, colaboración internacional, reconstrucción de la confianza ciudadana y reconciliación con las víctimas.
• ¿Qué papel juega la presidenta Claudia Sheinbaum en esta situación? La autora sugiere que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de dejar un legado político basado en la verdad y no en la negación, a diferencia de sus antecesores.
• ¿Cuál es la principal responsabilidad del Estado en este contexto? La principal responsabilidad del Estado es proteger a los mexicanos, no proteger su imagen.