Promoción de la participación ciudadana en la elección judicial

El texto de Dania Ravel, Consejera del INE, fechado el 15 de abril de 2025, analiza la reciente sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite a otros poderes del Estado promover la participación ciudadana en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Federal, señalando las posibles implicaciones negativas para la equidad y legitimidad del proceso.

La sentencia del TEPJF podría alterar el equilibrio institucional en el proceso electoral judicial.

Resumen

• La Sala Superior del TEPJF emitió la sentencia SUP-JE-101/2025 que permite a los Poderes de la Unión, poderes locales y servidores públicos promover la participación ciudadana en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Federal.
• Esta sentencia contradice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorga al INE la exclusividad en la promoción de la participación ciudadana y prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de elecciones judiciales.

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• La autora argumenta que permitir la intervención de múltiples órganos del Estado en la promoción del voto puede generar sesgos y debilitar la legitimidad del proceso.
• El INE había aprobado 48 minutos diarios para la promoción de la elección judicial, pero el TEPJF redujo este tiempo a 24 minutos en 30 entidades sin Proceso Electoral Local mediante la sentencia SUP-RAP-32/2025.
• La autora considera contradictorio reducir el tiempo de promoción del INE y, al mismo tiempo, permitir la intervención de otros poderes del Estado.
• La autora enfatiza la importancia de mantener reglas claras, una única autoridad rectora (INE) y un marco normativo para los poderes públicos.
• La intervención de los tres poderes de la Unión en el proceso ha concluido, ahora es solo el INE quien debe llevar la organización de la elección.

Conclusión

• La sentencia del TEPJF genera preocupación sobre la equidad y transparencia del proceso electoral judicial.
• La autora aboga por el respeto a las atribuciones del INE como autoridad electoral y por la necesidad de evitar la injerencia de otros poderes del Estado en la promoción del voto.
• Se destaca la importancia de mantener la legitimidad del proceso electoral, evitando la percepción de manipulación o favoritismo por parte del gobierno.