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El texto de Eduardo R. Huchim, fechado el 10 de Abril de 2025, analiza la controversia generada por la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir a instituciones y funcionarios públicos informar sobre la próxima elección judicial, argumentando que esta medida podría afectar la participación ciudadana y la difusión de información relevante.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la prohibición del INE que impedía a instituciones y funcionarios públicos informar sobre la elección judicial.

Resumen

• La próxima elección judicial enfrenta el riesgo de una baja participación debido a la falta de información y difusión.
• El INE, con el voto en contra de su presidenta Guadalupe Taddei, prohibió a instituciones y funcionarios públicos informar sobre la elección y promover el voto.
• Esta prohibición impide la difusión necesaria para informar al electorado sobre la elección de juzgadores del 1 de junio y persuadirlo de votar.
• A diferencia de las elecciones tradicionales, en la elección judicial no participan los partidos políticos, lo que requiere una mayor labor de difusión por parte de otras instituciones.
• La promoción del sufragio por parte de instituciones y funcionarios públicos no genera inequidad y está avalada por el artículo 134 constitucional.
• El INE debe vigilar que no haya distorsiones que favorezcan a ciertos candidatos y que los partidos no impulsen candidaturas de forma semiclandestina.
• La prohibición del INE fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la revocó.
• El consejero Arturo Castillo Loza citó la fracción XIII del artículo 504 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para fundamentar la exclusividad del INE en la promoción de la elección, pero esta ley no le da exclusividad al INE.
• El artículo 6 de la LGIPE señala que “el INE emitirá reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones”.
• En las consultas populares, el INE sí tiene exclusividad, señalada expresamente en el artículo 35 de la Constitución.
• Es necesario garantizar el respeto al principio de imparcialidad y que la promoción del voto incluya a todos los aspirantes a un mismo cargo sin preferencias.

Conclusión

• La decisión del TEPJF de revocar la prohibición del INE es positiva para garantizar la difusión de información y la participación ciudadana en la elección judicial.
• Es fundamental que el INE vigile la imparcialidad en la promoción del voto y evite cualquier distorsión que pueda favorecer a ciertos candidatos.
• La participación de diversas instituciones en la difusión de información es esencial para compensar la ausencia de los partidos políticos en la movilización del electorado.