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El texto de Marco A. Mares, fechado el 25 de Marzo de 2025, analiza el contexto y las propuestas para la tercera edición de la Ley Antimonopolios en México, destacando dos iniciativas principales: una presentada por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y otra, más severa, que se rumorea proviene del Poder Ejecutivo.

La iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar busca poner la competencia al servicio de las personas, desconcentrando los mercados para evitar sobreprecios y generar mayor innovación y acceso a servicios para la población.

Resumen

• Se discute la tercera edición de la Ley Antimonopolios en México, la primera en un gobierno de izquierda y en el contexto de la extinción de órganos autónomos.
• El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propone una nueva autoridad antimonopolios con más facultades, similar a la Cofece, pero con mayor capacidad de acción.
• La propuesta de Ramírez Cuéllar busca regular las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, crear una Fiscalía Antimonopolios autónoma y acelerar los procesos de investigación.
• Se busca una "cancha pareja" para actores públicos y privados, cumpliendo con tratados como el T-MEC y resolviendo la "doble ventanilla" entre la nueva agencia antimonopolios y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
• Se propone un enfoque disuasivo en las multas y una mayor práctica de Acciones Colectivas para reparar el daño a los consumidores.
• Una segunda iniciativa, más severa y posiblemente del Poder Ejecutivo, propone sanciones más altas, incluyendo multas basadas en un porcentaje de los ingresos de las empresas.
• Esta segunda iniciativa plantea multas elevadas por inasistencia a comparecencias y por obstaculizar visitas de verificación.
• Se compara el modelo de sanciones con el de Brasil, donde las multas pueden alcanzar el 20% de los ingresos de las empresas.

Conclusión

• La reforma a la Ley Antimonopolios está en proceso, con dos propuestas en discusión: una más institucional y otra más severa.
• La iniciativa de Ramírez Cuéllar se enfoca en el bienestar del consumidor y la competencia equitativa.
• La propuesta del Poder Ejecutivo busca desincentivar las prácticas anticompetitivas a través de sanciones económicas más fuertes.