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El texto de Lenia Batres, fechado el 2 de Marzo de 2025, aborda una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre una posible doble tributación en el "retorno virtual" de empresas maquiladoras extranjeras en México. La autora argumenta que no existe tal doble tributación y que la resolución podría generar una enorme pérdida de recursos públicos.

El posible daño al erario por estos litigios podría ascender a 46,000 millones de pesos.

Resumen

• La discusión en la SCJN se centra en la contradicción de criterios (CC 8/2025) sobre la aplicación del IVA en el "retorno virtual" de empresas maquiladoras.
• El "retorno virtual" permite a las empresas maquiladoras vender en México productos maquilados sin necesidad de regresarlos al país de origen para su ensamblaje.
• Un grupo de empresas alega una doble tributación al pagar IVA por la importación definitiva y por la enajenación de la mercancía.
• Batres argumenta que no hay doble tributación porque quienes pagan el IVA son empresas distintas: una al importar y otra al comprar.
• La autoridad fiscal advierte que los litigios de solo cinco empresas podrían causar un daño al erario de 46,000 millones de pesos.
• Se retiró el proyecto para evitar una decisión favorable a las empresas transnacionales que declarara inconstitucional la aplicación del IVA.
• De aprobarse, 132 empresas podrían exigir la devolución del IVA de los últimos cinco años y la inaplicación futura de este cobro.
• El Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programa IMMEX) otorga beneficios fiscales a las empresas maquiladoras, permitiendo la importación temporal de materiales difiriendo el pago de impuestos.

Conclusión

• La resolución de la SCJN sobre este tema tiene implicaciones económicas significativas para el erario público.
• La discusión revela posibles prácticas judiciales que favorecen a empresas transnacionales en detrimento de los intereses del Estado mexicano.
• La defensa del cobro del IVA en el "retorno virtual" es crucial para evitar una pérdida millonaria de recursos que podrían destinarse a necesidades sociales.