El siguiente texto, publicado en La Jornada el 17 de Marzo de 2025, aborda la controversia generada por las deportaciones de indocumentados ordenadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, y el acuerdo con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para encarcelar a deportados a cambio de una compensación económica.

El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para encarcelar deportados a cambio de dinero es una violación de los derechos humanos.

Resumen

  • El juez federal James E. Boasberg prohibió al gobierno de Estados Unidos deportar a extranjeros indocumentados, respondiendo a una demanda de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward.
  • La administración de Donald Trump ignoró el fallo judicial y deportó a personas a El Salvador.
  • Nayib Bukele, presidente de El Salvador, acordó con el secretario de Estado, Marco Rubio, recibir a 300 deportados en sus cárceles a cambio de 6 millones de dólares anuales (20 mil dólares por prisionero).
  • Las deportaciones se basan en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando una supuesta guerra contra la organización Tren de Aragua, lo cual se considera una hipérbole sin fundamento jurídico.
  • El Salvador se ha convertido en el país con más población encarcelada en el mundo, con 1086 por cada 100 mil habitantes, tras redadas masivas contra presuntos pandilleros.
  • El gobierno salvadoreño ha construido una megaprisión para 25 mil personas, donde los reclusos sufren malos tratos y se les niegan derechos básicos.

Conclusión

  • El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador es una violación de los derechos humanos.
  • Se insta a la Organización de las Naciones Unidas y a gobiernos democráticos a denunciar este negocio.
  • Se critica el desprecio por las leyes de la presidencia de Trump y la aceptación de Bukele de ser "carcelero" de Estados Unidos.
Sección: Internacional

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Robert Prevost, ahora León XIV, no era considerado uno de los principales candidatos al papado.

La reforma busca armonizar diversas leyes para hacer efectivo el principio de progresividad respecto al derecho a una vivienda digna y decorosa.

Un dato importante es que Robert Francis Prevost Martínez, ahora León XIV, era hasta su elección prefecto del Dicasterio de los Obispos, un cargo de confianza otorgado por el Papa Francisco.