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El texto escrito por Marcela Ríos Tobar y Tamara Taraciuk Broner el 8 de Febrero de 2025, analiza la problemática del financiamiento político en América Latina y el Caribe, destacando la necesidad de un sector privado comprometido con la legalidad y la responsabilidad social para fortalecer la democracia y el desarrollo económico. > El sector privado tiene un rol clave en la lucha contra la financiación ilícita de la política.

Resumen

• Altos niveles de informalidad económica en la región, campañas políticas costosas y flujos de dinero ilícito requieren un sector privado comprometido con la legalidad.
• Un informe del Diálogo Interamericano e IDEA Internacional destaca la importancia de un sector privado comprometido con el Estado de derecho para un cambio social e institucional.
• Escándalos de corrupción relacionados con empresas privadas y la creciente influencia de economías criminales en la política regional son desafíos importantes.
• La mayoría de los países de la región cuentan con modelos de financiamiento político mixto, con avances en regulación, pero con limitaciones en la implementación y fiscalización.
• Las nuevas tecnologías, como las redes sociales y la inteligencia artificial, presentan nuevos retos para la regulación y el monitoreo del financiamiento político.
• Se necesitan mayor coordinación interinstitucional e internacional para enfrentar la penetración de dinero ilícito transnacional.
• El sector privado ha avanzado en el desarrollo de capacidades de cumplimiento e integridad en su vínculo con el sector público.
• Es crucial movilizar la opinión pública para que la financiación ilícita tenga un costo reputacional político, y el sector privado juega un rol clave en este proceso.

Conclusión

• Se requiere un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para combatir la financiación ilícita en la política.
• La transparencia y la previsibilidad económica y jurídica son esenciales para un clima de negocios propicio.
• La movilización de la opinión pública es fundamental para generar incentivos políticos que fomenten un cambio institucional beneficioso para la democracia y el desarrollo económico.
• La cooperación internacional es crucial para enfrentar el desafío de la financiación ilícita transnacional.