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El texto de Lourdes Morales Canales, fechado el 27 de febrero de 2025, analiza críticamente la propuesta del nuevo órgano encargado de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales a nivel federal en México, denominado "Transparencia para el pueblo". La autora argumenta que, en lugar de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, la propuesta podría filtrar información y centralizar el control en manos de contralorías designadas por el gobierno.

Un dato importante es que la garantía del derecho a saber estará a nivel federal en manos de 18 contralorías, una por cada poder público y órganos constitucionales autónomos.

Resumen

• La propuesta "Transparencia para el pueblo" no parece enfocarse en la rendición de cuentas y la vigilancia social, sino en filtrar la información que llega al público.
• Se mantienen las obligaciones de transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero se agrega la causal de reserva de información que comprometa la "paz social".
• La autonomía constitucional de la institución encargada de la transparencia se reemplaza por un modelo austero y de control, con 18 contralorías a nivel federal.
• Las contralorías estatales también asumirán las funciones de transparencia y protección de datos personales.
• Se elimina el colegiado para debatir públicamente casos de derechos en pugna.
• La "Transparencia para el pueblo" será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encargado de resolver las quejas.
• El Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública excluye al INEGI e incluye a las contralorías, al INE y a la nueva Agencia de Transformación Digital.

Conclusión

• La autora sugiere que la propuesta podría llevar a una situación en la que la información sea manipulada o incluso declarada "inexistente", como se ejemplifica con la anécdota del comandante de policía.
• El análisis de Lourdes Morales Canales plantea serias dudas sobre la efectividad y la independencia del nuevo sistema de transparencia en México.
• La centralización del control en manos de contralorías designadas por el gobierno podría comprometer la rendición de cuentas y la vigilancia social.