¿Quién nos vigila? ¿Quién se hace responsable?

El texto de Carlos Puig, fechado el 26 de febrero de 2025, analiza la creciente presencia y sofisticación de las organizaciones criminales en México, evidenciada por el descubrimiento de una extensa red de cámaras de vigilancia instaladas por estos grupos. El autor destaca la complicidad de autoridades locales como un factor clave para entender la magnitud del problema.

El desmantelamiento de casi 500 cámaras de vigilancia por la Semar revela la sofisticación y alcance de los grupos criminales.

Resumen

• La presencia de organizaciones criminales en México es innegable, afectando la seguridad y generando preocupación en la población, a pesar de la popularidad del gobierno.
• La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ha retirado cerca de 500 cámaras de vigilancia instaladas por grupos delictivos en estados como Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Puebla.

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• En Culiacán, 305 cámaras de videovigilancia fueron desmanteladas por fuerzas federales, lo que plantea interrogantes sobre la tardanza de las autoridades en detectarlas.
• El autor cuestiona la posible complicidad de autoridades locales que permitieron o ignoraron la instalación de estas cámaras.
• La Operación Enjambre en el Estado de México y operativos en Chiapas sugieren un interés inicial de la Secretaría de Seguridad en investigar a autoridades locales, pero la crisis en Sinaloa y la relación con Trump parecen haber desviado esta prioridad.

Conclusión

• La lucha contra el crimen organizado en México requiere investigar y responsabilizar a las autoridades locales que facilitan o toleran las actividades delictivas.
• Sin abordar la corrupción a nivel local, la situación de seguridad en el país no mejorará significativamente.
• La sofisticación de los grupos criminales, evidenciada por la instalación de redes de vigilancia, exige una respuesta integral que incluya la investigación de la complicidad de funcionarios públicos.