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El texto de Ernesto Piedras, del 20 de Febrero de 2025, analiza la propuesta de Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica en México, enfocándose en sus implicaciones para el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Se cuestiona la eficacia de la propuesta para lograr una competencia justa y equilibrada.

La propuesta busca concentrar las facultades regulatorias en una sola autoridad: la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico.

Resumen

• Se propone la creación de la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico, centralizando las funciones regulatorias de la competencia en todos los mercados, incluyendo telecomunicaciones y radiodifusión.
• Se creará una Fiscalía Antimonopolio autónoma, con plazos reducidos (480 días) para las investigaciones de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas.
• Se implementará un nuevo régimen sancionatorio con multas más elevadas, extendiéndose a empresas involucradas y quienes coadyuven en la infracción. Esto incluye a agentes económicos preponderantes como América Móvil y Grupo Televisa.
• Se mantiene el régimen de regulación asimétrica de preponderancia para América Móvil y Grupo Televisa, pero se cuestiona la suficiencia de los criterios actuales para determinar la preponderancia (usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico de red), sugiriendo considerar criterios como ingresos y márgenes de ganancia.
• La ATDT o un auditor externo supervisará el cumplimiento de las medidas.

Conclusión

• La propuesta de ley presenta cambios significativos que podrían mejorar la competencia en México, pero su éxito dependerá de la implementación efectiva de las nuevas medidas.
• La eficacia del nuevo régimen de regulación asimétrica de preponderancia es crucial para nivelar la participación de mercado entre los competidores.
• Se requiere una revisión de los criterios para determinar la preponderancia, considerando factores como ingresos y márgenes de ganancia, especialmente para América Móvil.
• La supervisión y aplicación efectiva de las sanciones serán claves para disuadir prácticas anticompetitivas.