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El texto de Alfredo Alcalá Montaño, escrito el 14 de Febrero de 2025 en Hidalgo, analiza la problemática del voto de las personas en prisión preventiva en las elecciones del Poder Judicial de la Federación en México. Se centra en la decisión del Consejo General del INE de declarar inviable este derecho debido a limitaciones presupuestarias.

92,792 personas en prisión preventiva en México.

Resumen

• El derecho al voto de las personas en prisión preventiva está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, basándose en la presunción de inocencia.
• El Consejo General del INE declaró inviable el voto de estas 92,792 personas en prisión preventiva en las elecciones del Poder Judicial de la Federación por falta de recursos económicos, operativos y técnicos.
• Existen aproximadamente 92,792 personas en prisión preventiva en 282 centros penitenciarios en las 32 entidades federativas de México.
• Se prevé la instalación de más de 84,000 casillas electorales para la elección del Poder Judicial de la Federación, comparado con las más de 172,000 de la elección presidencial de 2024.
• La implementación del voto anticipado es una alternativa para facilitar el ejercicio del derecho al voto.
• La falta de recursos económicos representa un reto importante para la democracia mexicana y la participación electoral.
• Diversos factores influyen en la participación electoral, incluyendo aspectos logísticos, la cultura política, la incentivación de la participación política, el perfil de las candidaturas, las actividades de los organismos electorales y la información disponible.

Conclusión

• La decisión del INE de no permitir el voto de personas en prisión preventiva genera una problemática en torno a la garantía de los derechos políticos-electorales.
• La falta de recursos económicos es un obstáculo significativo para la plena participación ciudadana en las elecciones.
• Se requiere una mayor inversión en recursos para asegurar el acceso al voto para todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos en prisión preventiva.
• Es necesario analizar y mejorar los mecanismos para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, considerando alternativas como el voto anticipado y una mejor asignación de recursos.