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Este texto, escrito por Enrique Sumuano el 12 de Febrero de 2025, analiza un conflicto competencial dentro del Poder Judicial Federal mexicano, específicamente en torno al proceso de elección judicial. El autor, Contralor Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumenta que la falta de comprensión de las normas constitucionales por parte de algunos jueces ha generado un caos innecesario.

El artículo 99 Constitucional otorga al Tribunal Electoral la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.

Resumen

• El Poder Judicial Federal mexicano (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral, Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y Juzgados de Distrito) tiene competencias distintas definidas en la Constitución.
• Existe un conflicto entre el Tribunal Electoral, algunos jueces de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proceso de elección judicial, un proceso indudablemente electoral.
• El artículo 99 Constitucional establece al Tribunal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral para este tipo de procesos.
• El artículo 41 Constitucional prohíbe la suspensión de actos electorales, incluyendo la elección judicial, mediante amparos.
• La falta de acción del Comité de Evaluación del Poder Judicial frente a las suspensiones judiciales, se considera una omisión grave que contribuyó al conflicto.
• El autor critica el uso de sentencias judiciales para emitir pronunciamientos políticos en lugar de resolver temas jurídicos, considerando esto un abuso.
• Se argumenta que los fallos judiciales deben brindar certeza jurídica y no señalar aspiraciones políticas ni denostar la labor de otros órganos jurisdiccionales.

Conclusión

• La falta de comprensión de las normas constitucionales por parte de algunos jueces ha generado un conflicto innecesario dentro del Poder Judicial Federal de México.
• La actuación del Comité de Evaluación del Poder Judicial fue deficiente, contribuyendo al problema.
• Los fallos judiciales deben centrarse en la resolución de temas jurídicos y no en la emisión de pronunciamientos políticos.
• Se necesita una mayor claridad y respeto a las competencias establecidas en la Constitución para evitar futuros conflictos de este tipo.