Este texto de Carlos Fernández-Vega, escrito el 5 de diciembre de 2024, analiza el aumento del salario mínimo en México y su impacto socioeconómico, contrastándolo con las políticas neoliberales del pasado. El autor celebra el incremento salarial como un avance significativo, pero también reconoce desafíos persistentes en el mercado laboral mexicano.
Resumen:
El régimen neoliberal en México (seis sexenios) mantuvo salarios bajos para atraer inversión extranjera, resultando en un empobrecimiento generalizado. Esta política fue exacerbada por la legalización del outsourcing durante el gobierno de Felipe Calderón.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador revirtió esta tendencia, aumentando significativamente el salario mínimo y deslegalizando el outsourcing.
En 2025, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el salario mínimo aumentó un 12%, alcanzando 278.80 pesos diarios en general y 419.88 pesos en la zona fronteriza norte. Este aumento supera en tres veces la inflación proyectada.
El incremento salarial beneficia a 8 millones 470 mil trabajadores (37.6% de la población asegurada). Se observa una reducción en el número de personas que ganan hasta cuatro o cinco salarios mínimos, y un aumento en los que ganan entre uno y diez.
En octubre de 2024 se crearon 445 mil empleos, con una tasa de desempleo históricamente baja (2.48%), según el INEGI. Sin embargo, la informalidad laboral sigue siendo alta.
La pobreza laboral disminuyó tanto en zonas urbanas como rurales, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Conclusión:
El aumento del salario mínimo representa un avance significativo en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en México, revirtiendo políticas neoliberales que priorizaban la mano de obra barata.
A pesar de los avances, persisten desafíos como la alta tasa de informalidad laboral.
El autor critica la riqueza acumulada por figuras como Carlos Salinas de Gortari, contrastándola con las políticas de empobrecimiento implementadas durante su gobierno.
La mención del nombramiento de Jorge Luis Lavalle Maury por parte de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, introduce una crítica a la corrupción política.
