Este texto de Aleida Azamar, escrito el 4 de diciembre de 2024, analiza las implicaciones de las reformas constitucionales en México que buscan prohibir la minería a cielo abierto y el fracking, centrándose en una preocupante excepción incluida en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. El texto argumenta que esta excepción debilita la reforma y pone en riesgo la protección ambiental y los derechos de las comunidades afectadas. Además, presenta ejemplos de los daños causados por estas actividades extractivas en México y en Estados Unidos. Finalmente, hace un llamado a la acción a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Resumen:
Se critica la excepción en la reforma constitucional que permite al Ejecutivo Federal autorizar la minería a cielo abierto y el fracking a través de un comité designado por el mismo.
Se argumenta que esta excepción socava la legitimidad y el objetivo de la reforma, minando la confianza en la protección ambiental.
Se presentan casos de daños ambientales y sociales causados por la minería en Cerro de San Pedro (San Luis Potosí), Mazapil (Zacatecas) y Salaverna (Zacatecas), incluyendo contaminación, desplazamiento de comunidades y amenazas.
Se utilizan los datos de la Administración de Seguridad en Tuberías y Materiales Peligrosos de EUA (PHMSA) para ilustrar los riesgos del fracking en Estados Unidos, incluyendo accidentes, muertes, daños materiales y contaminación.
Se menciona que la prohibición del fracking en algunos estados de Estados Unidos (Vermont, Maryland, condados de California y Nueva York) sirve como ejemplo de los riesgos de esta práctica.
Se señala que el dictamen de la reforma lleva tres meses detenido en el Senado, posiblemente debido a presiones del lobby minero y petrolero.
Conclusión:
Se hace un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y elimine la cláusula de excepción en la reforma.
Se enfatiza la urgencia de la reforma para proteger el medio ambiente y las comunidades afectadas por la minería a cielo abierto y el fracking.
Se destaca la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones sobre proyectos extractivos.
Se subraya la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los territorios y el medio ambiente.
