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Este texto, escrito por Diana N. Ronquillo el 26 de Diciembre de 2024, analiza las consecuencias negativas de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México. La autora argumenta que, lejos de simplificar, la reforma creará conflictos jurídicos y complicaciones para la regulación del sector.

Resumen:

• La reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, separa la regulación técnica y la regulación de la competencia económica, creando una división entre dos o más autoridades.
• Esta separación, a diferencia de experiencias previas como la coexistencia de la Cofetel y la Cofeco, ocurre después de 10 años de regulación concentrada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo que genera inconsistencias.
• La reforma genera incertidumbre sobre la coordinación entre las nuevas autoridades en la aplicación de regulaciones asimétricas a América Móvil (AMX o AEPT), especialmente en relación al acceso al mercado de televisión y el uso de herramientas como el Sistema Electrónico de Gestión.
• Se cuestiona la coordinación para las revisiones bienales de AEPT y el cumplimiento de lineamientos del IFT. Se anticipa que AMX buscará evadir restricciones.
• La publicación de un artículo transitorio sospechoso que sectoriza el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes genera preocupación por posibles violaciones a la reforma.
• La legislación secundaria entrará en vigor antes que la reforma constitucional, lo que se considera inconstitucional.
• La autora concluye que la reforma generará un aumento en la litigiosidad y que el sistema judicial no está preparado para manejar la complejidad de los conflictos que surgirán.

Conclusión:

• La reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, lejos de simplificar, generará un aumento significativo de conflictos jurídicos en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México.
• La falta de coordinación entre las autoridades y la entrada en vigor de la legislación secundaria antes de la reforma constitucional, incrementan la incertidumbre y el riesgo de interpretaciones contradictorias.
• Se anticipa un aumento en la actividad legal y un desafío para el sistema judicial mexicano.
• La autora expresa su preocupación por la complejidad de la situación y la posibilidad de que la reforma tenga consecuencias negativas imprevistas.