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Este texto de Marco Baños, escrito el 24 de diciembre de 2024, analiza los desafíos que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de las elecciones judiciales del 1º de junio de 2025. El autor destaca la complejidad del proceso, agravada por factores políticos y presupuestales.

Resumen:

• Las elecciones judiciales de 2025 se enfrentan a un entorno complejo debido a las diferencias políticas en torno a la reforma judicial, la litigiosidad resultante y las presiones del oficialismo.
• El recorte presupuestal del INE por parte del oficialismo y la negativa a ampliar el plazo electoral hasta el 31 de agosto, dificultan la planeación logística.
• La planeación logística electoral está incompleta debido a la reciente decisión sobre el recorte presupuestal y a las reformas constitucionales en curso en las entidades federativas para incorporar la elección de personas juzgadoras locales. El plazo para estas reformas vence en 180 días a partir del 15 de septiembre.
• Existe incertidumbre sobre el número de centros de votación y la integración de las mesas directivas de casilla, debido a la cantidad de boletas electorales (hasta diez en algunas entidades).
• Solo siete estados (Aguascalientes, Campeche, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala y Tabasco) han publicado sus reformas electorales; otros estados como Chihuahua, Coahuila, Estado de México y San Luis Potosí las aprobaron pero aún no las publican. La mayoría de estos estados tendrán elecciones concurrentes.
• Para resolver la falta de sincronía, se fijaron fechas para que el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL) reciban información sobre los cargos a renovarse a más tardar el 15 de enero de 2025.
• El oficialismo, con sus acciones, genera incertidumbre sobre la autenticidad de las elecciones judiciales, como se evidencia en los listados del Comité de Evaluación del Poder Legislativo con errores e inconsistencias.

Conclusión:

• El panorama para el INE es complejo y desafiante.
• La falta de recursos, la presión política y las demoras en las reformas estatales dificultan la organización de unas elecciones justas y transparentes.
• La incertidumbre generada por las acciones del oficialismo amenaza la credibilidad del proceso electoral.
• La falta de sincronía entre las elecciones federales y locales representa un obstáculo significativo.